La ley de extinción de dominio debutó con el remate de la mansión de un exintendente kirchnerista
El gobernador Cornejo celebró que se trató del primer caso en el país bajo la ley mendocina; los bienes subastados se destinarán a Educación
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA- Una mansión de la corrupción se volcará al sistema educativo argentino. Se trata del primer bien malhabido del país por parte de un funcionario que vuelve al Estado tras un juicio civil bajo la ley mendocina de Extinción de Dominio. Es que finalmente se concretó la venta de la lujosa casa del exintendente kirchnerista Luis Lobos, condenado a ocho años de prisión, por más de 170 millones de pesos, que se utilizarán para reparar establecimientos educativos de la provincia cuyana.
De acuerdo con fuentes oficiales, es la primera vez en la Argentina que los fondos obtenidos de una subasta de un bien de la corrupción regresan a las arcas públicas, con el objetivo de reparar el daño producido a la sociedad. La novedad fue celebrada por el gobierno provincial. De hecho, el radical Alfredo Cornejo salió a ponderar esta acción de remate concretada en las últimas horas.
“La mansión del exintendente Luis Lobos, obtenida de forma ilícita, fue subastada por más de $172 millones. Este es el primer caso de Extinción de Dominio del país, que impulsamos desde nuestra provincia, permitiendo que lo robado regrese al Estado para beneficiar a la comunidad”, expresó el mandatario provincial.
A nivel nacional no existe una ley de extinción de dominio, sino un DNU que Mauricio Macri firmó en 2019. El instituto lo aplicó por primera vez el procurador general Eduardo Casal en julio de 2019, sobre los bienes de un grupo narco. De todos modos, antes de que se aplicara la extinción de dominio sobre esos bienes, el juez de la causa dispuso un decomiso.
“Estos fondos, más los $447 millones recaudados de nueve inmuebles por herencia vacante, ubicados en capital, Godoy Cruz y Guaymallén, serán destinados a financiar obras de infraestructura y mejoras en escuelas públicas de la Provincia. Un avance histórico que posiciona a Mendoza como pionera en la lucha contra la corrupción en Argentina”, celebró Cornejo.
Tras una presentación inicial de más de 100 oferentes y con una base de remate de 60 millones de pesos, que terminó en una puja de seis contrincantes, la lujosa propiedad fue adquirida en $172.241.977,30 por un ciudadano oriundo de la comuna de Guaymallén, el mismo departamento al que pertenece el exfuncionario condenado y donde se encuentra la vivienda, construida en un lote de más de 1600 metros, en el barrio privado Alto Portal del Sauce, sobre la calle Tiraso al 4357.
El proceso de subasta, a cargo de la martillera pública María Manucha, se realizó este jueves de manera virtual y se extendió hasta horas de la tarde, debido al creciente interés que demostraban los compradores en pugna, de quienes se desconoce la identidad, ya que la transacción se realiza bajo un alias específico. El precio final de venta terminó sorprendiendo a todos, ya que anteriormente se habían realizado, sin éxito, dos subastas, teniendo como referencia que la casa estaba valuada en 127,5 millones de pesos.
El caso logró avanzar bajo los alcances de la Ley N° 9.151 de Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. De esta manera, la propiedad del excacique quedó en manos del Estado tras un fallo de la jueza María Paz Gallardo, quien además se expidió en 2021 sobre la constitucionalidad de la norma, luego de reclamos de la defensa. Así, finalmente se pudo iniciar el proceso de venta, que se concretó durante esta jornada.
Ahora, será el Ministerio de Educación, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza el encargado del manejo de los fondos para los establecimientos educativos que necesiten intervención en infraestructura.
En la Justicia penal, el exintendente de Guaymallén entre 2013 y 2015, fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos tras constatarse que también desvió fondos de la Municipalidad para el proyecto inmobiliario que fue subastado. La pena contempla los delitos enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta.
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